Entrevista a Paulina Mogrovejo, representante de la Defensoría del Pueblo ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) establece un mandato claro para el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y la Superintendencia de la Información y Comunicación. Estas instituciones regularán y sancionarán respectivamente los mensajes relacionados con contenidos discriminatorios que afecten los derechos de mujeres, pueblos afroecuatorianos, indígenas, montubios, personas con diferente orientación sexual, entre otros grupos sociales históricamente excluidos. Son históricamente excluidos porque han estado en situación de desigualdad y su realidad ha sido invisibilizada por creencias y prejuicios reforzados por los medios de comunicación. Desde luego, tampoco es una persecución: sencillamente buscamos garantizar derechos y erradicar la discriminación en los medios y en todas sus formas. El mandato de la LOC en su artículo 49 determina que la calificación de contenidos discriminatorios le corresponde al Cordicom, mientras que la aplicación de resoluciones y sanciones es competencia de la Supercom. Con este tipo de medidas, ambas instituciones, buscamos equilibrar, garantizar y proteger el ejercicio de derechos fundamentales, además de generar un entorno de convivencia democrática entre los diferentes grupos de la sociedad.
Claro que sí, porque sus comentarios afectan la dignidad de los afroecuatorianos y de los colectivos LGBTI. El comentarista utiliza de manera peyorativa términos relacionados con la negritud y la orientación sexual. Ambos grupos son puestos al nivel de delincuentes lo que constituye un acto de estigmatización: los trata como personas inferiores. Estas prácticas, sobre todo en medios masivos de comunicación, deben ser erradicadas porque la Constitución garantiza el derecho de las personas a una orientación sexual diferente y reconoce a la cultura de los afroecuatorianos sin restricción alguna por su color de piel.
En nuestra sociedad ya existen creencias y prejuicios relacionados con grupos sociales, por ejemplo, con el pueblo afroecuatoriano. Prejuicios como que trabajan menos, son delincuentes, o, que se aprovechan de la gente ‘buena’. Pero estas creencias no son más que eso, prejuicios que tienen que ser erradicados porque carecen de cualquier sustento real. Cuando decimos que un afrodescendiente es un negro de manera despectiva y además se lo relaciona semánticamente con los ladrones, como lo hizo Pinoargote, se refuerzan estas creencias y prejuicios. Estigmatizar a esta población dificulta su acceso a la educación, salud, cultura, a la movilidad, etcétera porque el resto de la sociedad los excluye. La discriminación se extiende gradualmente de los medios a otros espacios de interacción social.
Existen ideologías marcadas en el país que determinan los comportamientos de las personas. En el caso de Pinoargote se trata de racismo y con Diario Extra de machismo. Con respecto al machismo este se sustenta en el falso imaginario de que las mujeres somos inferiores a los hombres, que solamente debemos estar en roles de amas de casa u objetos sexuales de consumo. No se relaciona a las mujeres con actividades tradicionalmente asignadas a hombres como la productividad, el trabajo, el deporte, entre otras. Esta ideología tan marcada en nuestra sociedad genera problemas. El 44% de las mujeres víctimas de violencia en el mundo no se separan de sus parejas por una situación de dependencia emocional o económica. Además, el machismo es reforzado por los medios de comunicación cuando se exhibe a la mujer como un adorno, en una foto dentro de un contexto relacionado con publicidad sexista, con crónica roja, con propagandas de lotería. Nada justifica mantener prejuicios de que la mujer solamente sirve para el uso, para el consumo sexual, y que además está al nivel de los animales.
Todas las personas tenemos derechos y responsabilidades. Los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la integridad física y a la no violencia. Cada uno de estos derechos son inherentes a las personas sin distinción alguna: debemos exigirlos al Estado. Con las sanciones del caso Pinoargote y del ‘Lunes Sexy’ del Extra, se crean precedentes para garantizar y aplicar la Constitución que es totalmente garantista de derechos fundamentales. Recordemos la exigencia de derechos de la comunicación nace de la voluntad del pueblo que en 2008 aprobó una Constitución que dedica un capítulo entero a la Comunicación y que en 2011 –mediante Consulta Popular- ratificó su voluntad al solicitar un Consejo de Regulación. Estos precedentes son importantes porque se delimita la cancha y se le dice a la sociedad que están protegidos, que deben ejercer sus derechos y que su dignidad está por encima de los intereses económicos.
Nuestro país es un Estado constitucional de derechos y además es suscriptor de varios instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Desde esta perspectiva nuestro país trabaja por superar en la práctica, en los patrones culturales y en los modos de convivencia, todas las creencias machistas y racistas. Por eso es importante lo que pasa en el país. Cuando se sitúa la discusión en el debate político, con el ánimo de afectar las instituciones que garantizan derechos, le estamos haciendo un daño a la sociedad. El daño es, por ejemplo, a las niñas, niños y adolescente que necesitan de la protección del Estado y necesitan aprender que debemos vivir en un país que respeta el derecho de todas las personas. Instituciones como el Cordicom promueven el debate político y lo traspasan a la sociedad, que es donde están los verdaderos temas de discusión. El debate se incentiva en la convivencia social que es donde las relaciones sociales se producen y se espera erradicar creencias como el machismo o el racismo.